La fiebre del hidrógeno verde: empresas buscan tomar posición y asegurar terrenos en Magallanes y otras zonas del país
(Fuente: Rl Mercurio) En el extremo sur, firmas europeas, estadounidenses y chinas han encargado la búsqueda de superficies que tengan alto potencial eólico y ya habría acuerdos preliminares que involucran del orden de 120 mil hectáreas. En el norte, en tanto, advierten que un cambio reciente en el criterio para la asignación de terrenos fiscales estaría favoreciendo la especulación, de cara al desarrollo futuro de esta forma de energía.Hace diez años, en octubre de 2010, se inauguró el primer parque eólico en Magallanes para abastecer parte del consumo eléctrico de Methanex. Tímidamente, tres torres de 50 metros de altura con sus respectivos aerogeneradores aparecieron en el paisaje de esa región austral. Después, surgió un par más de iniciativas de similar escala. Es que los niveles de consumo eléctrico local no justificaban una mayor ambición y por su situación geográfica, alejada de otros centros de consumo, hacía inviable la opción de llevar esa electricidad a otros puntos del país.
En ese entonces a nadie se le habría ocurrido que exactamente diez años después, en octubre de 2020, se anunciaría un proyecto piloto que lo revolucionaría todo: una nueva forma para aprovechar el enorme potencial de los vientos magallánicos, al convertir la electricidad que es factible producir allá en hidrógeno verde —o alguno de sus derivados— que, almacenado en un barco, ahora podrá llegar a cualquier rincón del planeta.
Tras el anuncio de HIF, el consorcio liderado por la chilena AME y en el cual también participan gigantes mundiales de la energía y la industria automotriz, como ExxonMobil, Enel, Siemens y Porsche, se desató la fiebre. Ahora varias empresas buscan tomar posiciones en Magallanes, asegurándose terrenos donde sea factible instalar parques eólicos y producir esta emergente energía.
Hugo Correa, gerente general de Correa Propiedades y Farms Chile —firmas especializadas en el corretaje de propiedades de uso agrícola y residencial en el sur del país—, dice que hace aproximadamente un año recibió los primeros mandatos de parte de empresas extranjeras para localizar propiedades en Magallanes que fueran aptas para este tipo de desarrollo. El interés, añade, está focalizado en las áreas donde están las pequeñas plantas eólicas que ya operan en esa región y otras que son sindicadas como de buen régimen de viento.
El secretario regional ministerial (seremi) de Energía de Magallanes, Nolberto Sáez, explica que entre las áreas mejor posicionadas en la región están, por ejemplo, la zona de Cabo Negro, un corredor que une el seno Otway con el Estrecho de Magallanes y donde están los tres parques eólicos que se hallan en operación; el área de Laguna Blanca o la parte alta de la misma isla de Tierra del Fuego, en el sector denominado Baquedano.
Correa explica que están trabajando con desarrolladores de Europa, Estados Unidos y China, en la búsqueda de superficies a partir de las 50 mil hectáreas, para arrendarlas e iniciar las mediciones para determinar su potencial eólico, estudios que pueden tomar al menos dos años. Agrega que también hay estancieros que, motivados por las expectativas que instaló el piloto de HIF que posiciona a Magallanes como uno de los polos a nivel mundial para la producción de estos nuevos combustibles, se les han acercado para poner sus propiedades a disposición. En virtud de eso, dice el ejecutivo de Farms Chile, tienen varias tratativas avanzadas.
‘Para los estancieros, este es un fenómeno nuevo, que se les acerquen para arrendar sus propiedades, terrenos que hasta ahora solo servían para la crianza de ovejas, y que ahora pueden tener un uso alternativo, que es seguro y además rentable. Por todo esto, el tema cultural ha sido complejo, porque el tema del hidrógeno verde y los combustibles sintéticos es incipiente aún y, por eso, las tratativas han requerido varios meses. Además, debido a la pandemia y el confinamiento en Punta Arenas, todo se ha tenido que hacer en forma remota, pero ya tenemos varios acuerdos de confidencialidad y en un caso estamos en proceso de unificar unas 120 mil hectáreas’, comenta Correa.
Abogados conocedores de estos tópicos comentan que la fórmula es atractiva, pues considera que el estanciero arriende todo o parte de su propiedad, pero sin perder el control sobre ella, ya que en una primera etapa las mediciones de viento no son invasivas y luego, si efectivamente se llega a construir un parque eólico, esas instalaciones son compatibles con la ganadería. ‘Los estancieros pueden seguir con su actividad y obtienen un ingreso adicional que puede ser interesante’, asevera uno de estos profesionales, quien añade que al menos tres empresas internacionales están prontas a iniciar las mediciones eólicas en Magallanes.
El seremi de Energía recuerda que la política de hidrógeno verde que el Gobierno lanzó en noviembre considera instalar al menos 5.000 MW de capacidad para electrolisis, proceso que permite separar, a bajo costo y sin emisiones, el hidrógeno del agua, y luego usarlo en diversas industrias, en combustibles sintéticos, amonio, metanol, etc. En ese marco, el extremo austral puede jugar un rol clave en el cumplimiento de aquella meta, porque el recurso eólico es de calidad y hay extensas zonas de terreno disponibles.
Según una proyección de McKinsey el costo de producir hidrógeno verde en Magallanes podría ser el más bajo del planeta, con un rango de US$ 1,7 por kilo en 2025 y del orden de US$ 0,8 por kilo hacia 2050, muy por debajo de los casi US$ 3 por kilo que se proyectan para la zona central en la primera de estas fechas, rango de costos que es similar en países de Medio Oriente, por ejemplo, que aparecen como competidores.
El Ministerio de Energía estima que la consolidación de la industria del hidrógeno verde en Chile podría impulsar inversiones por US$ 200 mil millones durante un período de 20 años y generar del orden de 100 mil empleos.
Sáez añade que de acuerdo con la información que maneja la Secretaría Regional Ministerial, hay una empresa que ya habría iniciado mediciones de viento en una zona distinta a aquella donde estará la planta piloto de HIF, que usó como base la información que la estatal Enap recabó para instalar su parque eólico Vientos Patagónicos, recientemente inaugurado, pues ambos proyectos están separados por no más de 10 kilómetros. ‘Hay expectativas a futuro que pueden ser interesantes’, dice el seremi. Las mediciones apuntan a que en Magallanes, a una altura de torre de 120 metros, un aerogenerador podría funcionar el 60% del tiempo. Esto supone un factor de planta altísimo respecto de otras fuentes, como la solar fotovoltaica sin almacenamiento, o el mismo recurso eólico más al norte del territorio.
Desarrolladores en alerta por criterio de asignación de terrenos fiscales en la zona norte
Y aunque son los vientos de Magallanes los que en este momento estarían concentrando la atención de las empresas que buscan tomar posición en esta naciente industria del hidrógeno verde, la zona norte del país también tiene un rol que jugar gracias a los altos niveles de radiación solar y recursos eólicos en algunas zonas de las regiones de Antofagasta y Atacama, donde además se concentran los potenciales mayores usuarios de estas nuevas formas de energía: las mineras.
Sin embargo, empresas que en la actualidad están desarrollando proyectos de energías renovables en estos últimos puntos del país advierten que un cambio en el criterio de asignación de terrenos fiscales, adoptado a fines de 2018 por el Ministerio de Bienes Nacionales, está abriendo paso a la especulación en medio de esta verdadera fiebre del hidrógeno verde.
La modificación a la que hacen mención los desarrolladores, y que hasta ahora habría afectado a empresas como la española Acciona y la canadiense Distribute Power Partners (DPP), está vinculada con las solicitudes de concesión onerosa, procedimiento mediante el cual las empresas que buscan desarrollar una inversión en un terreno fiscal pueden acceder a través de un mecanismo de asignación directa, tras aportar una serie de antecedentes para demostrar la seriedad y viabilidad de su proyecto, lo que en muchos casos implica incluso la obtención de permisos ambientales y de otra índole, todo lo cual demanda inversiones.
El problema —dicen— es que Bienes Nacionales cambió este criterio y en la actualidad somete a licitación estas solicitudes de concesión onerosa, procedimiento en el cual el terreno se asigna a quien ofrezca la mayor renta concesional para el fisco, sin considerar si los oferentes tienen o no un proyecto para ejecutar.
‘El problema es que se llega al punto en que el proyecto está prácticamente listo para construir y lo único que falta es la adjudicación del terreno pero, cuando se produce la licitación, Bienes Nacionales no considera toda esa validación y trabajo previo y en su evaluación prima la renta que se le ofrece al fisco. El mecanismo de licitación podría asignar puntaje a los proyectos; al riesgo que corrió el inversionista para viabilizar el desarrollo de esos terrenos o que, al menos, exista la posibilidad de que quien gatilla la licitación pueda igualar la mejor oferta de un tercero’, dice el ejecutivo de una de las empresas afectadas.
‘Esto provoca una desconexión entre las políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Energía —que claramente en varias administraciones han sido un motor para el desarrollo de las energías renovables— y las políticas públicas empujadas por el Ministerio de Bienes Nacionales, que pareciera que vive en otro país, porque sus medidas están desconectadas. No hace ningún sentido que Chile se esté presentando al mundo como un impulsor de tecnologías de vanguardia, como el hidrógeno verde, si luego los inversionistas extranjeros se encuentran con posturas como las de Bienes Nacionales’, comenta el socio del estudio de abogados Carey, Juan Francisco Mackenna, quien asesora a algunas de las empresas que han perdido terrenos a causa de esta forma de asignación.
El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, defiende el criterio que están aplicando porque el rol de la cartera es ‘darles el mayor y mejor uso a los terrenos fiscales que son propiedad de todos los chilenos’ y agrega que los procesos de licitación permiten garantizar la mayor transparencia, competitividad y apertura a todos los interesados en estos bienes. ‘A raíz de esta política, las adjudicaciones de terrenos para proyectos de generación de energías renovables se han realizado en promedio por un precio 10% mayor que el modelo de venta directa que era la política de adjudicación anterior’, precisa Isamit.
Las empresas le han planteado sus aprensiones al Ministerio de Energía, donde explican que están trabajando junto a Bienes Nacionales para eficientar la adjudicación de concesiones de terrenos fiscales para proyectos energéticos, principalmente en el norte. ‘Les hemos propuesto obtener el mayor valor económico a través de procesos competitivos; y, segundo, dinamizar la construcción de proyectos de generación energética renovable, que impulse la política de descarbonización de la matriz energética de nuestro país’, dijeron en la cartera que encabeza Juan Carlos Jobet.
Recuadro– El arriendo es la figura que predomina en Magallanes y ya hay varios acuerdos para unificar terrenos a partir de las 50 mil hectáreas.
– Bienes Nacionales privilegia la licitación para asignar terrenos y considera solo el pago ofrecido al fisco y no el uso que se les dará a las propiedades.