Tribunal Ambiental deja en estudio futuro del proyecto Dominga
(Fuente: El Mercurio) Abultado expediente determinó decisión de los tres jueces.El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta dejó en estudio la causa por la reclamación de la empresa Andes Iron, titular del proyecto portuario-minero Dominga, que la compañía busca implementar en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.
Este fue rechazado por el Comité de Ministros en 2017, por el negativo impacto ambiental que provocaría en la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt La determinación se adoptó al concluir las tres jornadas de alegatos, tanto de partidarios como de detractores del proyecto. ‘En vista de la extensión del expediente del proyecto, la causa va a quedar en estudio. Luego determinaremos si es necesaria una medida para mejor resolver (…) y asistir al lugar. Esa es una situación que vamos a conversar con los ministros’, explicó el magistrado del Primer Tribunal Ambiental, Fabrizio Queirolo, tras la clausura de los alegatos.
‘Es un proyecto complejo, con muchas aristas desde el punto de vista ambiental’, agregó el ministro en Ciencias, quien se desempeñó como presidente de sala durante la audiencia de reclamación presentada por Andes Iron. La terna de jueces la completaron los ministros de la Corte de Apelaciones de Antofagasta Jasna Pavlich y Juan Opazo.
El proyecto Dominga volvió al Tribunal Ambiental de Antofagasta tras el fallo de la Corte Suprema —en septiembre pasado— que determinó, entre otros aspectos, que el juzgado ambiental resolviera sobre el fondo del caso. La iniciativa considera una inversión de US$ 2.500 millones para la producción de hierro y cobre.
Al término de la audiencia, el abogado de Andes Iron, Patricio Leyton, planteó que tras una eventual visita a la zona de los miembros del tribunal se podría resolver el futuro del proyecto, que en La Higuera genera apoyo y rechazo. Durante los alegatos, el defensor de la compañía sorprendió con la propuesta de implementar un solo puerto en la zona, donde también existe el proyecto portuario Cruz Grande (CAP). ‘Tenemos que hacer esfuerzos para utilizar la infraestructura existente y buscar acuerdos con inversionistas que se encuentran en la misma zona. Existe una obligación con las comunidades y con una forma sostenible de desarrollo’, dijo.
Ezio Costa, abogado de Oceana, organismo ambientalista que se opone al proyecto minero, afirmó que los jueces habían conocido los antecedentes por los cuales la decisión del Comité de Ministros se hallaría suficientemente fundada. ‘Esperamos que se mantenga el rechazo’, comentó.