Flexibilidad del sistema eléctrico: el nuevo proyecto de ley que impulsará el Ministerio de Energía de Chile

(Fuente: Revista Energía Estratégica) El Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal confirmó que el documento será ingresado en el Congreso a principio del 2019. En tanto, desde el ministerio se trabajará para lanzar el anteproyecto antes de fin de año.

La ruta energética 2018-2022 indica una necesidad de adecuaciones de la normativa chilena actual en materia de generación eléctrica, para responder a la incorporación de las renovables no convencionales en la matriz nacional. 

Para ello, fueron fijadas 20 modificaciones legales y reglamentarias (11 y 9) con fecha de ingreso al Congreso estimadas para el período 2018-2021. Las cuales se trazaron con la motivación de alcanzar el cumplimiento de las metas fijadas al 2022.

Sin embargo, desde el Ministerio de Energía advirtieron que para ofrecer mayor eficiencia, seguridad y una rápida respuesta ante situaciones de emergencia sería necesario incorporar flexibilidad al sistema.

Aquello trae nuevos desafíos y requerimientos. Por lo que, se impulsaría una nueva ley para la flexibilización del sistema eléctrico en Chile, que pueda indicar los objetivos y alcances de nuevas reglas de juego. 

El día lunes 22, el Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázabal, comentó en el aire de una estación de radio chilena que ya se está planificando la Ley de flexibilización del sistema eléctrico y energías renovables. Y, como adelanto, el funcionario dijo que podría buscarse “remunerar a aquellos que den más flexibilidad” al sistema. 

Desde ya, la ruta energética había traído a consideración que con la entrada de un proyecto de Ley tal se motivaría la entrada de nuevas tecnologías como almacenamiento, hidrógeno, concentración solar de potencia y geotermia, y que a través de ella se reconocería “el aporte que puedan realizar a la flexibilidad del sistema y los eventuales impactos que ello pueda generar en otros sectores”.

“Con este proyecto de Ley, que estamos haciendo y pensamos presentar a principios del próximo año, queremos identificar todos aquellos beneficios y costos [en el sistema], apuntando a (…) por ejemplo diversificar la potencia instalada, lo que significa la energía y una serie de principios para incorporar renovables (…) y nuevas tecnologías para otorgar mayor flexibilidad”, puntualizó Irarrázabal.

El Ministerio de Energía, que está bajo la dirección de Susana Jiménez, tendría como primer objetivo hacer público un anteproyecto antes de fin de año. La motivación estaría puesta en dejar un espacio de consulta y de participación ciudadana para completar el proyecto; y que, finalmente, el documento con mejoras sea ingresado en el Congreso chileno a principios del 2019, tal como indicó el Subsecretario. 

“Lo que hay que lograr es una regulación robusta que de garantías de seguridad y flexibilidad sobre todo. Recordemos que estas energías solar y eólica principalmente que tienen una característica de variabilidad (generan en la medida que hay sol y viento) y por lo tanto deben ir acompañadas por energías que gestionen esta variabilidad y den seguridad y competitividad al sistema”, agregó la ministra en otra estación de radio chilena, también en el día lunes.

Aquello no excluiría del sistema a centrales termoeléctricas o nucleares. La posición del gobierno sería estudiar y debatir sobre los diversos tipos de tecnologías en la energía dandole prioridad a un esquema en el que primen las energías no convencionales que lograron ser más competitivas en los últimos años, pero que para gestionar la variabilidad de estas energías, se puedan complementar con energías de base o firmes que se desarrollen estratégicamente a lo largo del país. 

Al 2050 la meta prevista por el Gobierno chileno es alcanzar del 70% de participación de las energías renovables en la matriz. Ante esta cifra, el Subsecretario de Energía se mostró optimista y, en línea con lo que viene afirmando su ministra desde tiempo atrás, dijo que “la penetración de ERNC está siendo bastante importante, por lo que se va a adelantar un par de décadas el lograr el 70%”, pudiendo este porcentaje ser alcanzado en el 2030 dada la potencialidad y reducción de costos, según aproximaciones expresadas por la ministra.

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